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Prohibir o no prohibir, he ahí la cuestión

por | Abr 12, 2019

El debate está abierto y tenemos las dos caras de la moneda en los dos territorios insulares. Curiosamente, ambas comunidades han puesto en marcha medidas de descarbonización que tienen planteamiento completamente opuestos. ¿Cuál es más acertado? Veamos.

Cuando el pasado mes de febrero el Govern de Baleares aprobó la Ley de Cambio Climático que prohíbe la circulación de los vehículos diésel a partir de 2025 y los de gasolina a partir de 2035 condenaba a muerte sin piedad a la combustión tradicional y obligaba a una transición forzosa hacia las tecnologías alternativas.

Este hito, si podemos llamarlo así, no sólo no se ajusta a la estrategia nacional ni europea de descontaminación del transporte sino que traerá consecuencias muy negativas. Y es que lejos de contribuir a tener un aire más limpio, retraerá las compras de nuevos o seminuevos provocando que circulen vehículos cada vez más antiguos.

Nadie apostará por cambiar el coche si en pocos años no podrá circular con él y nadie apostará por modelos alternativos de un día para otro si no se dan facilidades de compra ni se garantizan las infraestructuras necesarias.

Esta realidad la han entendido muy bien en Canarias y han puesto en marcha una estrategia de transición mucho más ordenada, que no se basa en la prohibición sino en el apoyo para facilitar la entrada progresiva de estos vehículos alternativos en el parque.

De esta forma, con mucho acierto, el Parlamento de Canarias aprobaba recientemente la reducción del IGIC al tipo 0% a la compra de vehículos híbridos y eléctricos, que estaba fijado en un 3%. También elimina el gravamen a los de gas si se usan para uso público o transporte profesional.

Esto sí que es una medida pionera. Con un coste muy relativo para las arcas insulares – hablamos de que este impuesto cero para eléctricos e híbridos le supondrá unos 923.000 euros menos- supondrá un empuje determinante para la introducción de estos modelos en el parque.

Además, y muy importante, servirá de banco de pruebas para el resto del país. De hecho, puede sentar las bases de una nueva fiscalidad para la automoción que grave el uso frente a la compra, una demanda histórica del sector.

Apoyo frente a prohibición. Aquí tenemos la clave. No se pueden tomar medidas drásticas cuando hablamos de movilidad, de libertad de circulación, en definitiva. Hace falta una transición ordenada hacia un parque 100% alternativo. Por eso, impulsar la puesta en marcha de soluciones que no discriminen a los vehículos por su tecnología, máxime cuando un vehículo de última generación cumple con las normativas de emisiones y anticontaminación, es básico.

Hay que ser consciente de que eliminar los motores tradicionales cuando no hay una infraestructura sólida para el eléctrico tendrá un impacto en el mercado y, por supuesto, en el rent a car, ya que el precio de los alquileres de coches subirá y habrá que repercutirlo al consumidor, lo que retraerá el uso y hará daño a un sector económico clave, como es el turismo. Porque no olvidemos que sin movilidad no hay turismo. ¿Realmente queremos eso?

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