La obligación legal de habilitar un vehículo a los ciudadanos afectados por un golpe no es sino la constatación de algo que desde 2013 viene recordando en sus memorias la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es lógico: cualquier persona necesita reparar su movilidad perdida en caso de incidencia. Una movilidad que, de no recuperarse, puede agravar la situación económica, social o personal del accidentado.
Una lógica que amparan varios fallos judiciales, y ahí quedan tres resoluciones de las Audiencias Provinciales de Madrid y Granada que han sentenciado que las víctimas de accidentes tienen derecho a recuperar lo desembolsado en coches de sustitución. Coches que los perjudicados abonaron inicialmente de su bolsillo hasta que los jueces dictaminaron lo contrario.
Se trata de una norma que los ciudadanos desconocen, en parte porque no está incorporada en la ley: acudir a un juzgado a reivindicar un derecho perfectamente comprensible puede ser un trámite muy engorroso que no todo el mundo tiene derecho a saber. Recordemos que en España se realizan 50 millones de reparaciones de coches cada año, un 10% de las cuales tiene que ver con la carrocería.
Es la hora de que este derecho se convierta en ley.