El 1 de enero entraron en vigor las Zonas de Bajas Emisiones en 149 ciudades españolas. De hecho, pocos días antes, en el último Consejo de Ministros del año, se aprobaba el Real Decreto en el que se establecen los requisitos mínimos homogéneos a cumplir por los municipios afectados, debido a que la falta de esta norma era el argumento de la mayoría de ciudades de más de 50.000 habitantes para no activar las áreas de restricción.
Y es que cada ayuntamiento cuenta con total libertad para articular las medidas que considere necesarias con el fin de cumplir los objetivos establecidos, principalmente, reducir el tráfico de las ciudades y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, lejos de unificar, la falta de un marco común ha derivado en una disparidad de criterios que ha confundido a propios y extraños. Por ello, el rent a car ha urgido a los consistorios a que las normas sean claras y se publiquen con la mayor antelación posible para que los usuarios sepan cómo moverse, si habrá prohibiciones de movilidad o estacionamiento e, incluso, restricciones temporales en determinadas zonas de una ciudad.
Al mismo tiempo, Aneval también ha solicitado a la Dirección General de Tráfico premura en la puesta en marcha de la plataforma en la que está trabajando para recoger en abierto todas las ordenanzas municipales. Una plataforma de la que se alimentan los servicios GPS, que deberá estar actualizada y avisar en tiempo real de aquellas restricciones o limitaciones que pueda haber, para no condicionar la movilidad de los usuarios.
Cabe recordar que esta medida no es en vano. Afecta al 53% de la población española o, lo que es lo mismo, a 25 millones de personas. Y hasta la fecha tan solo una veintena de municipios han iniciado la presentación de sus medidas.
Un escenario confuso para el ciudadano; preámbulo de un 2023 “con curvas”.