Toda epidemia comienza con un paciente cero, el primero en mostrar signos de contagio a raíz del cual se propaga la enfermedad. Si vemos los ataques contra el rent a car y el interés por utilizarlo como cabeza de turco como una enfermedad, tanto Baleares como Canarias asumirían el papel del paciente cero.

Se trata de dos territorios que comparten peculiaridades, sobre todo la más evidente y clara: son islas y por tanto sus límites geográficos están perfectamente delimitados. Además, son grandes focos de atracción turística, tanto nacional como internacional, y ambas comunidades han decidido atacar y criminalizar a las empresas de alquiler de coches acusándolas de masificar sus territorios y de contaminarlos con los vehículos de combustión fósil.

Vayamos por partes. La acusación de que las empresas de rent a car son responsables de la masificación de las islas tuvo una gran repercusión sobre todo en baleares. A los alquiladores se les ha acusado de ser ellos los que propician la llegada de turistas por encima de las posibilidades territoriales debido a su oferta de vehículos de alquiler, tirando balones fuera para no hacer autocrítica sobre los problemas de regulación que el Gobierno local ha tenido, y sigue teniendo, con los apartamentos turísticos, verdaderos responsables de la masificación turística.

En el caso de Canarias, la polémica más sonada estuvo relacionada con la ocurrencia del Cabildo de Tenerife de aumentar los impuestos del IGIG a las empresas de rent a car, acusándolas de contaminar las islas. Sin embargo, desde el Cabildo no se habían parado a estudiar las consecuencias de encarecer aún más un medio de transporte que ya paga los impuestos más altos de su sector y que ayuda en gran medida a la distribución de la riqueza, permitiendo a los turistas llegar a lugares donde no existe otra vía de acceso más allá del coche.

Además, ambas comunidades isleñas están exigiendo plazos de electrificación de la flota de coches de alquiler que no son realistas, sobre todo teniendo en cuenta los pocos esfuerzos que habían hecho hasta la fecha para fomentar el uso y venta de coches eléctricos.

En el caso de Baleares, el daño ya está hecho. El pasado mes de febrero el Govern aprobó la Ley de Cambio Climático que prohíbe la circulación de los vehículos diésel a partir de 2025 y los de gasolina a partir de 2035. Con esta normativa, se persigue que el 100% del parque móvil esté descarbonizado en 2050 y que el archipiélago funcione con tecnología eléctrica y energías renovables.

Esta “hazaña” hace que Europa y por ende, España tenga aprobada la primera ley de cambio climático que prohíbe la circulación de vehículos de combustión tradicional. Sin embargo, una estrategia basada en prohibiciones que no se ajuste a la estrategia nacional ni europea de descarbonización del transporte tendrá un efecto muy negativo para los consumidores, el mercado y la propia industria.  

Si bien es verdad que los movimientos de las asociaciones del sector, encabezados por la patronal de fabricantes Anfac, para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizase su tramitación han caído en saco roto, lo cierto es que la supervivencia de esta ley no está todavía garantizada. La denuncia presentada ante la Comisión Europea ha sido admitida a trámite, de manera que ahora el brazo ejecutivo de la UE entrará a analizarla porque parece que no se ha cumplido con la directiva comunitaria de reglamentaciones técnicas.

De verdad que el sector no está ante una rabieta. Esta medida -cuyas restricciones no afectarán a los residentes, pero sí a los turistas que se desplacen con su vehículos- lejos de contribuir a tener un aire más limpio, es contraproducente. ¿Quién va invertir ahora en vehículos nuevos o seminuevos si en apenas unos años tendrán que prescindir de ellos? El golpe que esta medida tendrá para el sector es durísimo, mientras que el efecto para el medioambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por los nuevos.

Esperemos que estos brotes de desprestigio se paren a tiempo para no desembocar en una epidemia que amenace la reputación de un tipo de movilidad poco contaminante, moderna, flexible y comprometida con las necesidades de los usuarios como es el rent a car.